Padres y profesores se muestran contrarios ante la decisión del Congreso que insta al Gobierno a retirar los crucifijos de las aulas.

Asociaciones de padres, patronales y representantes del profesorado expresaron ayer posturas contrarias ante la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados por la que se insta al Gobierno a que cumpla la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y se retiren de los crucifijos en todos los centros escolares. El secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), Manuel de Castro, aseguró que la medida es «totalmente inoportuna» porque actualmente la presencia de símbolos no supone un problema en la enseñanza. «En su momento ya se retiraron en los centros que lo pidieron», recordó. En su opinión, el texto aprobado constituye «una prueba más de intolerancia del Gobierno». Asimismo, denunció que se trata de una norma «legalmente inviable», ya que «no puede extenderse a los centros confesionales». «Nosotros tenemos un proyecto educativo que eligen los padres libremente y en el que los símbolos religiosos son imprescindibles», subrayó De Castro, quien recordó que los crucifijos «forman parte de la tradición cultural, por lo que no violan la libertad de nadie». Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece), solicitaron que se respete la exhibición de los símbolos religiosos en los centros no estatales ya que, de lo contrario, «se estaría atentando contra el carácter propio de los mismos, amparado en el artículo 27 de nuestra Constitución». Además, indicaron que iniciativas como ésta parecen «maniobras de distracción», sin otro fundamento que desviar el interés público de «cuestiones tan importantes como el fracaso escolar». El presidente de la Confederación Española de Padres Católicos, Luis Carbonel, denunció que esta iniciativa se asienta sobre «una verdad a medias» porque la sentencia del tribunal europeo ha sido recurrida. Asimismo, expresó que la propuesta parlamentaria supone un «ataque frontal» a los derechos y libertades de los padres ante la «imposición de esta ideología laicista del Gobierno». «El crucifijo no obliga a nadie y forma parte de la identidad cultural de toda Europa», defendió. En la misma línea, la presidenta de la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (Cofapa), Mercedes Coloma, lamentó que no se haya «dado voz» al colectivo de padres para expresarse sobre este asunto. Sin embargo, manifestó su «confianza» en que las autoridades educativas les garanticen la decisión sobre la formación de sus hijos, «sin ningún tipo de intervención estatal».